El 8 de mayo de 1987, Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, jóvenes del barrio Ingeniero Budge, de la Provincia de Buenos Aires, fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. A partir de entonces, familiares y vecinos de las víctimas se organizaron para pedir justicia por estas tres víctimas de —lo que más adelante se conocería como— gatillo fácil. El hecho, conocido como Masacre de Budge, fue contemplado por la Ley 26.811, sancionada y promulgada entre noviembre del 2012 y enero de 2013, la cual instituyó el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional con el objeto de «recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos». Esta fecha busca promover la conciencia, controles y estados de alerta sobre estos actos que se traducen de diversas formas y a través de distintas instituciones.